Javier Fuenzalida A.,

Profesor, Universidad Finis Terrae

Especialistas calculan en US $ 30.000 millones los daños causados por el terremoto.  500.000 viviendas destruidas ¿Cómo enfrentar tal financiamiento?

Los propietarios de viviendas dañadas y destruidas han mostrado su angustia e impotencia ante una pérdida irremediable de su principal bien. La mayor proporción corresponde a familias modestas, compradas con crédito hipotecario y con una deuda aun insoluta. A Enero pasado, había 1.123.372 deudores hipotecarios, presumiblemente un 50 % domiciliados entre las regiones V y VIII  y que en un 70 % corresponde a familias de ingresos medios y bajos, esto es unos 400.000 propietarios. Por otra parte, el total de los créditos hipotecarios tiene un valor US$ 33.000 millones de los cuales un 25 % podría corresponder esos 400.000 propietarios, es decir, US $  8.300 millones.

Afortunadamente, los créditos hipotecarios están respaldados por un seguro que cubre sobrevivencia, incendio y terremoto, por lo tanto el primer alivio para esa población y que el gobierno sorprendentemente no lo informó, es que están protegidos en todo o parte de ese seguro, dependiendo de la deuda actualmente vigente. Si la póliza es por el valor total de la vivienda y el primer beneficiario es el banco acreedor, el saldo del seguro después de pagar al banco pertenece al deudor.  Mientras menor sea la deuda vigente, mayor será el saldo a favor del dueño de la vivienda.

Por otra parte, las obras de infraestructura concesionadas, carreteras, puertos, aeropuertos, cárceles y otros edificios públicos bajo concesiones, también están aseguradas, por lo que el costo de su reconstrucción no implica un problema financiero a los concesionarios. Los daños a construcciones no habitacionales de propiedad de empresas también gozan de igual cobertura. El Estado, por un principio irracional, no asegura sus bienes, de modo que su reconstrucción tendrá una costos para los chilenos. En otras palabras una parte importante de los US$ 30.000 tiene cobertura de seguros.

Las aseguradores nacionales retienen un bajo porcentaje de los seguros contratados, traspasando una gran parte a los reaseguradores extranjeros. El problema que el gobierno enfrentará será, por lo tanto, obtener la pronta liquidación de los siniestros por aseguradores y reaseguradores, de modo que los afectados reciban, en el menor tiempo, posible el capital asegurado. El estado dispone de facultades para imponer límites de tiempo, pudiendo multar e incluso suspender y cancelar las autorizaciones para aquello aseguradores que excedan estos plazos. Los eventuales juicios que puedan producirse no deberán obstaculizar el pronto pago de los siniestros en los plazos que la SVS y SBIF fijen.

El país cuenta con un fondo soberano suficiente para enfrentar la transición entre la declaración de los siniestros y el pago a los beneficiarios.  El efecto depresivo sobre el tipo de cambio al ingresar esos recursos puede obviarse mediante una operación de esterilización del Banco Central que será revertida en la medida que los pagos por los aseguradores se produzca y los nuevos acreedores paguen a su vez estos créditos transitorios al gobierno que lo volverá a remitir a su fondos soberano.