Ex ex presidente Lagos aceptó en su oportunidad la proposición de los empresarios, la Agenda Pro Crecimiento, para eliminar, entre otras cosas, lomos de toro. El objetivo en parte se cumplió pero sin faenarlos todos, quedando una gran parte inconclusa. Ahora el gobierno se propone acabar con ellos. Aun no conocemos los detalles pero se mencionan 84 obstáculo. Son muchos mas y la comisión debería continuar funcionando para identificarlos.
Por ejemplo, el proceso de creación de empresas cuya legalidad demandaba cerca de 30 días que se reduciría a 14 días y después a una semana. Puede reducirse a cinco horas con los medios electrónicos como lo demostré en una columna anterior y que abogados expertos me lo han ratificado. Un gran aumento de productividad. Los obstáculos son el papel y la cantidad de reparticiones públicas que intervienen además de notarios, conservadores y abogados.
Por razones profesionales, para acreditar la vigencia de una sociedad, debí solicitar un “timbre” en el archivo judicial, negocio privado de una abogado como pude constatar por la boleta de “servicios profesionales” que me extendieron. Su página Web hace alarde de la modernización del servicio, reduciendo el trámite un plazo de ¡8 días! para revisar un archivo, colocar un timbre y la firma de la archivera, previo pago de $11.000 por adelantado independientemente del resultado. El Registro civil cobra $290 por un certificado digital que se obtiene en algunos segundos. ¿Quién fija las tarifas de notarios, conservadores y archiveros cuyas estructuras son monopólicas? ¿Quién exige que esos servicios utilicen la más avanzada tecnología de la información que ya cuenta con el debido respaldo jurídico en el país? Ejemplos: SII, Tesorería General, Previred, giros bancarios, Transbank, pagos de patentes, multas de tránsito, compras por Internet, y muchas operaciones mas que van creciendo todos los días. Del archivo, los notarios y el conservador me he impuesto por experiencia personal ¿Cuántas mas de estas tauromaquias existen? Sospecho que muchas y creo que el Ministro de Economía debiera abrir un buzón e-mail para que los afectados comiencen a denunciar la verdadera montaña rusa de trámites y papeleos inútiles con cobros monopólicos. Es posible que su eliminación aporte una importante cuota a la Productividad Total de los Factores, factor determinante de la tasa de crecimiento económico. Aparte de la eliminación del precio monopólico se genera una liberación de tiempo que puede destinarse a usos mucho más productivos.
Otro caso. La ley del Silencio Administrativo estableció que si vencido el plazo para resolver un acto administrativo la autoridad no se pronuncia (aceptando o rechazando el requerimiento), por el solo ministerio de la ley se acepta lo solicitado por el peticionario. No funciona porque son muy pocos los actos administrativo que establecen plazos. Otra tarea que el Ministro debe emprender. Hay en el gobierno suficiente expertos en derecho administrativo, ingenieros industriales e informáticos para que emprendan la tarea de fijar los plazos.
Javier Fuenzalida A.,
Profesor, Universidad Finis Terrae
